Cada vez que alguien duerme en un hotel de Quintana Roo paga el Impuesto Sobre Hospedaje. La tasa es de 5%, y de 6% cuando el cobro pasa por una plataforma digital. En 2025 ese impuesto recaudó $4,200,002,393. Una parte de ese dinero financia la promoción turística del estado. La pregunta de esta pieza es cuánta, quién lo decide, y qué tan predecible resulta.
Si el hotel no desglosa, la base es cuando menos el 60 por ciento de lo facturado
Sobre qué se calcula ese porcentaje es menos obvio de lo que parece, y conviene aclararlo antes de seguir. El artículo 10 de la ley del impuesto ordena que, cuando el pago incluye alimentación, transportación u otros servicios similares, el impuesto se calcule solo sobre la parte que corresponde al hospedaje, desglosada en la factura. Si el hotel no desglosa, la base es cuando menos el 60% del total facturado.
Dicho de otro modo: en un paquete de todo incluido, el impuesto no grava la tarifa completa. Grava el cuarto, no la comida ni las bebidas ni el traslado. En un destino donde el todo incluido pesa lo que pesa aquí, esa distinción no es un tecnicismo contable: define qué parte del gasto del visitante entra a la caja del estado y cuál no. El artículo está vigente desde la ley original de 2017.
Un porcentaje que se calcula sobre un pronóstico
Desde el ejercicio fiscal 2023, la Ley del Impuesto al Hospedaje etiqueta a la promoción turística el 20% del impuesto aprobado en la Ley de Ingresos. La reforma se publicó el 23 de diciembre de 2022 y entró en vigor el 1 de enero de 2023.
El detalle está en esa palabra, aprobado. El porcentaje no se calcula sobre lo que efectivamente entró a caja, sino sobre lo que el estado presupuestó cobrar. Para 2025 esa expectativa fue de $3,469,838,649, y el 20% correspondiente dio $693,967,730.
Esa cifra tiene una segunda vida que vale la pena seguir, porque es el eslabón que amarra la ley con el presupuesto real. En la Cuenta Pública del propio Consejo de Promoción Turística, el renglón de ingresos de libre disposición estimados para 2025 dice exactamente $693,967,730, y la nota 16 del mismo documento identifica esa cantidad como el Fondo de Fomento al Turismo. Es decir: el estado presupuesta al organismo exactamente en el piso que marca la ley, ni un peso más ni uno menos. La coincidencia al peso, por dos caminos documentales independientes, es la prueba de que la fórmula del artículo 19 no es letra muerta. Se aplica tal cual.
Esto no es una peculiaridad del hospedaje. La misma fórmula, con el mismo lenguaje, aparece en el artículo 51-Nonies de la Ley de Derechos, que regula el cobro a los pasajeros de crucero. Quintana Roo etiqueta sus ingresos turísticos sobre pronóstico, no sobre caja, y lo hace de manera consistente.
Hay un dato que vuelve esa elección más relevante: desde 2022 el estado subestima el impuesto todos los años. Cuatro ejercicios seguidos recaudando por encima de lo presupuestado, con un excedente acumulado de $2,662 millones.
| Año | Aprobado | Recaudado | Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,343,616,051 | 2,123,950,324 | 158.1% |
| 2023 | 2,692,085,167 | 3,016,357,110 | 112.0% |
| 2024 | 3,050,037,629 | 3,877,303,285 | 127.1% |
| 2025 | 3,469,838,649 | 4,200,002,393 | 121.0% |
Y sin embargo, la promoción recibe más, no menos
Aquí es donde la historia se sale del guion esperado.
Si uno se detuviera en el párrafo anterior, la conclusión parecería obvia: el estado calcula corto y le entrega a la promoción menos de lo que le tocaría. Los números no lo sostienen.
El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, que es el organismo que ejerce ese dinero, gasta más que ese 20% todos los años. Entre 1.08 y 1.97 veces más, según el ejercicio. En 2025 ejerció $1,269,894,759 contra un piso legal de $693,967,730. Son $575.9 millones por encima.
La razón es simple y es la clave de todo lo que sigue: ese 20% no es el presupuesto del Consejo. El presupuesto del Consejo se fija aparte, en el Presupuesto de Egresos del Estado, y el 20% del impuesto funciona como piso, no como techo ni como asignación.
Y ahí está lo interesante del caso. El punto de partida es rigurosamente normativo: el piso se respeta al peso, como muestra esa coincidencia de las dos fuentes. Lo que no tiene ancla es todo lo que viene después.
Entonces la pregunta cambia. Ya no es si le llega suficiente. Es qué determina cuánto le llega.
Lo que dice la Cuenta Pública de 2025
El propio organismo lo publica. En su Cuenta Pública del ejercicio 2025, el renglón de egresos aparece dos veces en documentos distintos del mismo archivo, en la página 65 y en la 153, y las dos versiones cuadran entre sí.
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Presupuesto aprobado | 752,866,213.00 |
| Ampliaciones | 529,379,296.55 |
| Presupuesto modificado | 1,282,245,509.55 |
| Devengado | 1,269,894,758.85 |
Aprobado más ampliaciones da modificado, exacto al peso. No hay discrepancia contable que reconciliar: la distancia entre $752.9 y $1,269.9 millones es, literalmente, la ampliación presupuestal del año.
El organismo ejerció 68.7% por encima de lo que tenía aprobado. Las ampliaciones representan 41.7% de todo lo que gastó.
Un programa de 8.9 millones que gastó 458
El desglose por programa presupuestario ubica dónde ocurrió.
| Programa | Aprobado | Devengado |
|---|---|---|
| R007 · Fideicomiso de promoción | 724,326,244 | 793,195,976 |
| F004 · Fomento a la promoción | 8,874,214 | 457,958,541 |
| M001 · Gestión y apoyo institucional | 19,665,755 | 18,740,242 |
F004 se aprobó con $8,874,214 y terminó ejerciendo $457,958,541. Casi 52 veces su presupuesto. Ahí vive el 85% de todas las ampliaciones del año.
Un programa aprobado por una cifra simbólica y financiado íntegramente por ampliación no es un sobreejercicio. Es otra forma de asignar el dinero, una que no pasa por la discusión presupuestal.
Sobre el R007 conviene una advertencia: la Cuenta Pública de 2024 no desagrega el fideicomiso, usa una categoría genérica para todo el organismo. La comparación programática entre los dos años no se puede hacer, y lo que cambió podría ser la presentación contable y no la operación.
En qué se gasta
De los $1,269,894,759 ejercidos en 2025, la partida de Servicios de Comunicación Social y Publicidad, que es compra de medios, absorbió $1,132,850,929. Ochenta y nueve centavos de cada peso.
La proporción es estable en el tiempo: entre 81% y 92% según el año. El organismo es, en términos de gasto, un comprador de espacios publicitarios.
La Cuenta Pública da tres respuestas incompatibles sobre el origen de los 529.4 millones
Las ampliaciones por $529.4 millones existen y están documentadas. De dónde salieron, no.
El documento ofrece tres respuestas distintas sobre el origen de los recursos del ejercicio y las tres son incompatibles entre sí. Una narrativa que los atribuye a un fondo estatal, una nota que identifica ese fondo con el renglón de libre disposición, y un estado analítico de ingresos que clasifica $620 millones como transferencias federales etiquetadas. El mismo renglón, en el ejercicio 2024, reporta un devengado 5.2 veces mayor que su propio techo modificado, lo cual no es posible en un estado presupuestario bien formado.
Lo único sostenible con la información publicada es que la Cuenta Pública del Consejo no permite determinar el origen de sus ampliaciones. No sirve para afirmar que hubo dinero federal. Tampoco para negarlo.
Hay además una diferencia de $45,357,814 entre lo que el organismo devengó como ingreso y lo que devengó como gasto. La cifra de ingresos aparece confirmada tres veces dentro del mismo documento, así que no es error de captura. Qué pasó con esa diferencia no está explicado.
En República Dominicana son diez dólares por turista; en Las Vegas, 6.12 puntos del impuesto
En República Dominicana, cada turista que llega paga diez dólares por una tarjeta de turista y la ley destina el total de esa recaudación al fondo de promoción. Sube cuando llegan más visitantes y baja cuando llegan menos, sin que nadie decida nada cada año.
En Las Vegas, de un impuesto de habitación de 13.38% en el corredor principal, 6.12 puntos van a la autoridad de convenciones y visitantes por ordenanza. Seis de los catorce asientos de su junta directiva los ocupa la iniciativa privada, con voto.
En Jamaica el fondo turístico pasa por la tesorería general desde 2017. En el ejercicio 2022-2023 recaudó 64.1 millones de dólares estadounidenses, y lo que la tesorería le devuelve cada año lo fija el presupuesto nacional, no una fórmula.
Conviene decir aquí algo que corrige una impresión fácil. En Quintana Roo el sector privado no está fuera de la mesa: está sentado y con voto. La Junta Directiva del Consejo, que su decreto define como órgano máximo de decisión, tiene quince integrantes, y siete son del sector privado: los presidentes de las asociaciones de hoteles de Quintana Roo, de la Riviera Maya, de Cozumel y del centro y sur del estado, el de la asociación de agencias de viajes, el de los clubes vacacionales, y un empresario designado por el gobernador. Siete de quince es más que los seis de catorce de Las Vegas.
Pero el mismo decreto pone un candado que cambia el sentido de esa proporción. Una sesión solo es válida si asiste la mitad más uno de los miembros y si la mayoría de los presentes representa al Estado. Las decisiones se toman por mayoría de los asistentes, y en caso de empate el presidente de la junta, que es el gobernador, tiene voto de calidad. Es decir: el sector privado vota de verdad, pero por diseño no puede formar mayoría en una sesión válida.
Los cuatro modelos, incluido el de Quintana Roo, tienen problemas distintos. Lo que distingue al caso local no es el monto, ni la ausencia del sector privado en la mesa: es que el nivel de gasto no lo fija un mecanismo, lo fija una decisión presupuestal que puede tomarse en cualquier dirección.
En 2025 se ejerció 68.7 por ciento por encima de lo aprobado, sin reforma legal
El presupuesto aprobado del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo no predice su gasto en ninguna dirección. En 2025 se ejerció 68.7% por encima de lo aprobado, sin reforma legal. La misma discrecionalidad que permitió inflar ese año permite recortar en otro.
Quien paga el impuesto al hospedaje lo hace en cada noche que duerme aquí. Quien decide cuánto de eso se convierte en promoción, y en qué se gasta, no está sujeto a un mecanismo que lo ancle.